Hoy, el Poder Judicial del Estado de Jalisco enfrenta una de sus más delicadas crisis institucionales, lo cual es motivo de preocupación en razón de que erosiona y debilita los pilares en los que descansa todo régimen democrático.
Así lo manifiesta en un comunicado el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara, que preside el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de esta Casa de Estudio, dirigido al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Mgdo. José Félix Padilla Lozano; al gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, diputado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, y a la opinión pública.
El Consejo de Rectores advierte que el presidente con licencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura continúa ocupando un cargo en el cual nunca debió haber sido nombrado en razón de no cumplir los requisitos constitucionales; por ello, debe renunciar o, en su defecto, le debe ser retirado su nombramiento.
A la luz del paradigma jurídico emanado de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, resulta necesario reconfigurar y adecuar los mecanismos de impartición de justicia, asunto de gran relevancia para el desarrollo presente y futuro del país.
En el documento también se señala que en Jalisco, una de las entidades federativas que más aporta al producto interno del país, es necesario contar con un poder judicial autónomo, imparcial y capaz de afrontar los desafíos que se derivan de la citada reforma para garantizar en todas las regiones el acceso a la justicia de todos los jaliscienses.
La reforma al poder judicial de Jalisco precisa un adecuado esquema de selección de jueces, consejeros y magistrados, basado en la sana competencia, así como en criterios y procesos claros, transparentes y objetivos para que cuenten con la mayor legitimidad social y puedan ser objeto de escrutinio público.
Los poderes ejecutivo y legislativo deben colaborar con el poder judicial en un marco de independencia y respeto, pero nadie puede sustituir a los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura en sus decisiones. La transformación del poder judicial en Jalisco requiere ser promovida principalmente desde adentro, por sus propios órganos. Toda crisis representa una oportunidad de cambio y la coyuntura que se presenta hoy debe ser aprovechada para dar un paso adelante en la dinámica de transformación del Poder Judicial del Estado.
Entre otros retos, es necesario que tanto el Supremo Tribunal de Justicia como el Tribunal Administrativo del Estado atiendan todas las regiones del Estado y separen la labor jurisdiccional de la administrativa.
Además, el Consejo de la Judicatura debe transitar a ser un órgano de planeación, administración, gestión, profesionalización y capacitación del Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal Administrativo del Estado, los juzgados y las entidades de justicia alternativa.
Jalisco demanda fortalecer el nuevo Sistema de Justicia Penal; mejorar la articulación entre la Fiscalía, los agentes del ministerio público y las policías estatal y municipal; así como vincular los mecanismos de justicia alternativa a la vida judicial.
La Universidad de Guadalajara manifiesta su interés en seguir colaborando con el Poder Judicial del Estado de Jalisco en torno a los objetivos que les son comunes. De manera especial, refrenda su compromiso con la promoción de valores éticos entre su comunidad universitaria, así como con la formación de juristas, la investigación jurídica, la actualización docente y la capacitación de operadores en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
A T E N T A M E N T E
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal., 08 noviembre 2016
Texto: Prensa UdeG
Fotografía: Archivo UdeG