Los jóvenes que trabajan en los restaurantes de comida rápida son mal remunerados, con pocas prestaciones y posibilidades de mejorar su situación laboral. Sin embargo, recurren a estos empleos como una manera de subsistir y ayudarse con sus estudios. Casi todos trabajan como repartidores, cocineros, afanadores o empleados multiusos y muy pocos como gerentes.
Un estudio realizado por académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades señala que las franquicias de fast food (pizzas, hamburguesas, pollo y sándwiches) aprovechan la necesidad de los chavos por allegarse de dinero y los explotan mediante empleos que nos les ofrecen una perspectiva de vida a largo plazo.
Los resultados preeliminares de las encuestas aplicadas a cinco mil jóvenes entre 16 y 29 años, señalan que por ocho o nueve horas éstos ganan menos de dos salarios mínimos, es decir 106 pesos. Sólo uno de cada cinco obtiene más de 150 pesos diarios. Pero al 34% por ciento de los trabajadores les pagan por hora, pues con ello no generan ningún tipo de antigüedad.
El mayor porcentaje permanece entre uno a seis meses. Muy pocos duran el año. Unos cuantos más de dos. Son empleados desechables. Las empresas lo saben y lo fomentan. Es un trabajo que está diseñado para que los chicos no duren pero sí para aprovecharlos al máximo, sentencia María Rita Chávez Gutiérrez, una de las realizadoras de la investigación.
Casi por regla, quienes ingresan a estos restaurantes son estudiantes de preparatoria o licenciatura en derecho, comunicación o ingeniería en escuelas particulares. Algunos cuantos la dejaron inconclusa. Ello los convierte en presa fácil para reclutar.
“Eso es benéfico para los franquiciatarios. Incluso entre los requisitos les solicitan comprobantes de estudios. Para ellos, es una relación de ‘ganas tú, porque te ayudo a sacar tu carrera y me ayudas a mí a producir mi mercancía o servicio’, aunque sea algo pasajero, porque el chico no tiene expectativas de quedarse”, afirma la especialista.
Mediante las entrevistas con los jóvenes trabajadores, los investigadores del Departamento de Desarrollo Social de la UdeG, detectaron esta y otras trasgresiones a la legislación vigente. Un ejemplo claro es la existencia de lo que ellos llaman “contratos de prueba” o “en espera”, cuya figura jurídica no existe.
Chávez Gutiérrez explica que estos contratos consisten en que, cuando el joven hace solicitud para ingresar a la empresa, ésta lo condiciona a realizar labores de limpieza general por unas semanas en alguna sucursal, mientras es aprobada su solicitud. Una vez que la respuesta es afirmativa, el solicitante debe esperar a que haya una vacante y estar disponible por si surge una eventualidad. Eso sí, sin dejar de “trabajar” y producir para la empresa y por supuesto, sin pago de por medio.
Con los datos hasta ahora recabados mediante la investigación, los académicos alertan de la necesidad de crear una política laboral integral para los jóvenes estudiantes y los recién egresados que le permitan culminar sus estudios e integrar un patrimonio que hagan posible la mejoría de sus condiciones. Esto debería generar convenios entre las universidades y las dependencias encargadas del desarrollo económico con el fin de darles opciones de trabajo justas, advierte.
Guadalajara, Jal., 23 de febrero de 2010.
Texto: Mariana González
Fotografía: Internet
Edición de noticias: Lupita Cárdenas Cuevas