Abogados del indigente Gerardo Martínez alias “Barrabás”, provenientes de la Universidad de Guadalajara, buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso en el que solicitan un amparo para que el Estado le garantice sus derechos en reconocimiento de la dignidad humana, a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo.
Agustina Rodríguez, miembro de la clínica forense de amparo de la UdeG y una de las abogadas, dio a conocer que el pasado 2 de enero presentaron un escrito ante el máximo tribunal jurídico en México para que sea éste quien resuelva el amparo en revisión, debido a la importancia del asunto y su relación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo que entraron en vigor en 2012.
El caso, primero en su tipo en Jalisco, fue desechado por el juez primero de distrito en materia administrativa y del trabajo Joel Fernando Tinajero Jiménez, por considerar que no ha sido lesionada ninguna de las garantías de “Barrabás” y que sí existen programas sociales instrumentados por el Estado para personas en situación de calle.
En septiembre pasado, alumnos de derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de esta casa de estudios interpusieron una demanda en contra de diversas autoridades del estado de Jalisco para solicitar que el estado garantice los derechos humanos a la vivienda, a la salud y a una vida digna al indigente que vive en las calles de la ciudad de Guadalajara desde hace 20 años.
Rodríguez explicó que el juez decidió no admitir la demanda de amparo y no aplicó las reformas en la materia de derechos humanos argumentando que no existe agravio personal ni directo hacia Gerardo Martínez, sin que hubiesen rendido informe justificado las autoridades demandadas, lo cual no permitió que esto fuera demostrado durante las etapas procesales del juicio.
“Nos sorprendió que el caso fuera desechado por "notoriamente improcedente", lo que implica que no se permitiera llevar a cabo el proceso, pero sobre todo nos sorprendió porque en el Distrito Federal un caso similar fue admitido y además tuvo un fallo favorable. Es muestra de la diferencia de criterios y de que los jueces deben atender con mayor amplitud a las reformas constitucionales y bajo el principio "pro persona", otorgar la protección más amplia y garantizar el goce de los derechos humanos", afirmó la universitaria.
El grupo de abogados está en espera de la audiencia que les otorgue la SCJN para exponer el caso a los magistrados y, en su caso, éstos acepten el recurso y atraigan el caso.
Guadalajara, Jal., 16 de enero de 2013
Texto: Mariana González
Fotografía: Abraham Aréchiga
Edición de noticias en la web: Lupita Cárdenas Cuevas