A pesar de que se ha construido la narrativa de que son caros e inútiles, en realidad el gobierno federal destina apenas 0.8 por ciento de su presupuesto a los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA); además de que han sufrido reducciones en el último lustro y su estabilidad financiera es endeble porque dependen de la negociación política.
Lo anterior fue expuesto por especialistas participantes en el webinar “Organismos constitucionales ¿autónomos? Un análisis crítico”, organizado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED), de la Universidad de Guadalajara.
La doctora Nancy García Vázquez, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, recordó que existen varios tipos de autonomía: organizacional-administrativa, técnica sobre sus resoluciones, normativa-funcional (para reglamentarse) y la de gestión y presupuestal (para ejercer sus propios recursos).
Sobre el dinero destinado a los OCA, dijo que es poco, pues de 2015 a 2019 se les destinaron apenas 0.8 por ciento del presupuesto de la federación a los diez OCA. Además, éstos ya venían sufriendo reducciones, por lo cual esta autonomía presupuestaria no está garantizada, al depender de la negociación política en la Cámara de Diputados.
“La mayor parte, 50 por ciento de ese presupuesto, se va al Instituto Nacional Electoral (INE); 3 por ciento al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI); 3 por ciento al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); 5 por ciento al desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 1 por ciento a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); 25 por ciento al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 5 por ciento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 8 por ciento al Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, desglosó.
García Vázquez añadió que hay que ser autocríticos, pues en muchos de estos OCA no hay disciplina financiera ni políticas de austeridad.
El Director del CIDE, profesor en la División de Estudios Jurídicos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), doctor Sergio López Ayllón, explicó que al final del siglo XX la división clásica de poderes evolucionó y surgieron estos organismos, que ejercen algún tipo de función pero no son electos por el pueblo. Esto permite que sean especializados y que las decisiones no obedezcan a coyunturas políticas.
“Todos estos organismos están dirigidos por funcionarios que no son designados mediante voto directo, sino a través de procedimientos que involucran a alguna de las cámaras. Y en estos procedimientos de designación deberían de asegurar que cuenten con conocimiento o trayectorias profesionales destacadas, pero no siempre ha sido el caso, lo que ha generado procesos de designación desde el arbitraje político”, agregó López Ayllón.
Indicó que la creación de estos OCA ha implicado un replanteamiento en la función operativa del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, que supuso un acotamiento de funciones que antes eran asignadas al presidente de la república, y esto se explica por la desconfianza que existía contra este poder de actuar de forma imparcial y sin criterios políticos.
“Sin embargo, esta idea choca frontalmente cuando llega un gobierno con una visión distinta, que supone una racionalidad de representatividad directa y que cuestiona la legitimidad política de estos organismos. Hay un debate que todavía tenemos que revisar sobre cuáles son las cuestiones que justifican la autonomía constitucional o si tendríamos que recurrir a un diseño de otra naturaleza que garantizara la autonomía técnica de los órganos y el mandato constitucional de éstos. Aquí hay un debate político de profundas implicaciones”, subrayó.
El Director del Seminario de Derecho Administrativo, de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor Marco Antonio Zeind Chávez, recordó que en México, en total, existen 198 OCA, de los cuales nueve son federales y 189 en las entidades federativas; es decir, están configurados por las constituciones locales, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena y faculta a que existan órganos garantes locales, y algunos obedecen a las dinámicas y necesidades propias regionales.
El primer OCA fue el Banco de México en 1993; le siguió el IFE, la CNDH, el Inegi y en el sexenio anterior incrementaron a diez; con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia se eliminó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De los nueve que subsisten sólo falta que el Coneval perfeccione su autonomía constitucional.
“Con los últimos OCA que han sido cuestionados y que se van a llevar a decisión se ha dado un debate desde la sociedad civil, la academia y la legislación, lo que nos demuestra que la idea de este tipo lleva un proceso de deliberación más amplio y basado en evidencia que una simple descalificación y una consigna por ideología. No diría que son demasiados, pero sí propugno porque la Auditoría Superior de la Federación también lo sea, pues sigue perteneciendo al Poder Legislativo, y también la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y el Instituto para el Desarrollo”, apuntó Zeind.
La Gerente para el Índice del Estado de Derecho en el World Justice Project, en Washington, doctora Leslie Solís, centró su participación en la importancia de los OCA en el fortalecimiento del Estado de derecho y el papel que desempeñan como contrapeso o límites al ejercicio del poder gubernamental.
En cuanto a resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020, el indicador de límites al poder gubernamental, que a su vez engloba seis subindicadores, presenta que los organismos de fiscalización y control tienen la peor calificación con 0.29.
“Las comisiones de derechos humanos están mejor calificadas que las contralorías estatales; esto quiere decir que los organismos de fiscalización y control, que son parte del Ejecutivo, son las que tienen mayores retos, y esto es bastante preocupante en un contexto en el que se ha hablado de la posibilidad de restar atribuciones a organismos autónomos para pasarlas a las instancias que pertenecen al propio gobierno”, reflexionó Solís.
La bienvenida a este seminario virtual la dio el Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), doctor Juan Manuel Durán Juárez, quien destacó que la creación de los OCA es una victoria ciudadana y tienen una relevancia fundamental en la vida pública. La moderadora fue la Directora de Transparencia y Archivo de la UdeG, maestra Natalia Mendoza Servín.
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2021
Texto: Julio Ríos
Fotografía: Cortesía webinar UdeG